Tras atentado a Ferrero y pedido de Orsi, Senado aprobó ley de lavado de activos

Tras el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero, el sistema político uruguayo decidió actuar como señal de respaldo a la institucionalidad. En una sesión del Senado, oficialismo y oposición aprobaron por unanimidad un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para actualizar la normativa contra el lavado de activos.

El presidente Yamandú Orsi había pedido acelerar el tratamiento de esta ley como parte de la respuesta al ataque, y el oficialismo impulsó el proyecto presentándolo como una herramienta clave contra el narcotráfico. Sin embargo, la oposición expresó dudas sobre su efectividad real en materia de seguridad.

El proyecto modifica más de 30 artículos de la ley vigente desde 2017, actualiza términos jurídicos, amplía los delitos que pueden dar origen al lavado (como delitos ambientales, fraudes financieros y ciberdelitos), e incorpora nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.

También establece sanciones para directivos de entidades obligadas, extiende plazos para conservar documentación (de 5 a 10 años), y modifica los límites para operar en efectivo, reduciendo el máximo permitido. Además, elimina la fiscalía especializada en lavado, por considerar que no fue eficaz.