El gobierno estudia subir jubilaciones mínimas

La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, confirmó que se está analizando con parte de los jerarcas del gobierno la posibilidad de otorgar un aumento adicional a las jubilaciones más bajas y que estas primeras modificaciones comenzarán a aplicarse entre julio y agosto.

«Es algo que está en conversaciones. Esperamos esta semana tener una definición», declaró Pardo al ser consultada en una rueda de prensa sobre el posible ajuste en julio. La jerarca subrayó que el Poder Ejecutivo enfrenta un contexto fiscal complejo: «La política del nuevo gobierno no es dar adelantos. Lo que se está estudiando y está en miras de ver cuándo y cómo es un aumento adicional».

Pardo presentó este lunes un paquete de medidas para resolver una herencia crítica: más de 58.000 expedientes de prestaciones están actualmente en atraso. De ese total, el 32% supera el año de antigüedad y el 24% tiene menos de tres meses.

«Esto es consecuencia del modelo de atención del período pasado», sostuvo. Para revertir el escenario, el organismo implementará desde julio acciones que buscan alivianar el cuello de botella en el corto plazo.

Una de las primeras decisiones fue contratar 12 médicos para acelerar las juntas médicas en los casos de incapacidades. «Esto permitirá avanzar en los casos de personas que tienen solo BPS y esperan definiciones para sus ingresos», explicó Pardo. También se eliminarán trámites que «eran redundantes y no aportaban valor» en los procesos de valoración de la incapacidad.

En relación con la jubilación común, la jerarca adelantó que se aplicará un proceso exprés para quienes ya cumplieron con los requisitos de edad y años de servicio y no tienen ingresos. «En esos casos, se liquidará rápidamente y si luego corresponde reconocer más años de trabajo, se reformará el monto», detalló.

Además, para las personas que siguen en actividad pero ya reúnen las condiciones para jubilarse, se habilitará una herramienta con información proyectada del haber estimado. «El objetivo es descomprimir el sistema y dar previsibilidad», señaló.

Las cifras del BPS muestran la magnitud del problema: el promedio de demora en los trámites de jubilación común es de 201 días; en las pensiones por invalidez, 189 días; y en los expedientes por incapacidad o subsidios transitorios, 252 días.