Ministerio de Defensa notificó a Cardama sobre la resolución del gobierno; oficiales de la Armada continuarán supervisando la obra

El Ministerio de Defensa de Uruguay notificó oficialmente el inicio de acciones para proteger y eventualmente resarcir al Estado por el contrato con el astillero español Cardama, encargado de construir dos patrullas oceánicas. La medida se da tras la decisión del presidente Yamandú Orsi de rescindir el acuerdo por indicios de fraude o estafa, aunque el contrato sigue vigente y debe atravesar varias etapas administrativas y de mediación previstas legalmente.

El gobierno mantiene a dos oficiales de la Armada en Vigo para supervisar las obras, mientras investiga posibles incumplimientos de Cardama y la falta de garantías financieras. El esquema de pagos —ya se transfirió un 50% del costo de un buque—, establecido durante la administración anterior, también es objeto de investigación por el Ministerio de Economía y el Banco República.

El prosecretario Jorge Díaz y el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez enfatizaron que el Estado actuará dentro del marco legal y no por vías informales. En el plano político, la oposición criticó a Orsi por precipitarse, y el ex presidente Luis Lacalle Pou lo acusó de haberse dejado arrastrar por una “operación política”. Díaz respondió que “al presidente no lo arrastra nadie” y defendió la institucionalidad.

El Partido Nacional anunció que impulsará una interpelación parlamentaria a la ministra de Defensa Sandra Lazo, quien deberá comparecer ante el Senado. Por otro lado, la Fiscalía de Corte asignó la denuncia del gobierno a la fiscal Sandra Fleitas, lo que generó suspicacias dentro del Frente Amplio, dado su historial de tensiones con Díaz.